¿Primero los pobres… o primero el salario mínimo?
Una revisión crítica de los efectos reales de las políticas salariales de la 4T sobre el ingreso promedio de los trabajadores mexicanos.
La narrativa del presente y del pasado gobierno se sostiene en gran medida sobre la premisa de “primero los pobres”. Mediante una intensa ola de políticas públicas dirigidas a este sector de la población —como los incrementos al salario mínimo— se ha buscado dar sustento a uno de los pilares discursivos de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Pero, ¿los datos respaldan esta narrativa? ¿El alza al salario mínimo ha beneficiado a la mayoría de los trabajadores? ¿Puede afirmarse que la “Cuarta Transformación” ha sido el mejor aliado del bolsillo del mexicano promedio?
Es innegable que el actual gobierno impulsó el mayor aumento histórico del salario mínimo. Sin embargo, el salario es un indicador nominal, lo que significa que su valor no refleja por sí mismo su principal virtud esperada: el poder adquisitivo. Este último se estima a partir de dos variables: el salario y el nivel general de precios. Según el INEGI, la inflación acumulada durante la administración fue de entre el 27 % y el 30 %, siendo los alimentos —el principal gasto del sector popular— el rubro más afectado.
No cabe duda de que las alzas al salario mínimo (cercanas al 180 %) superaron ampliamente la inflación acumulada. No obstante, existe un detalle fundamental: la cantidad de ciudadanos que ganan el salario mínimo es minoritaria dentro del mercado laboral. Al cierre del año anterior, menos del 10 % de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibían un salario mínimo.
Para tener una evaluación más completa, conviene observar el ingreso mensual promedio de todos los trabajadores, tanto formales como informales. Bajo esta óptica, el gobierno actual registró el nivel más alto de ingreso mensual promedio real de los últimos cinco presidentes: $8,200. Sin embargo, no fue el sexenio con mayor incremento relativo respecto al punto de partida.
Cuando Vicente Fox asumió la presidencia, el ingreso promedio real era de $5,000 pesos; al cierre de su mandato, alcanzó los $6,500. Felipe Calderón lo elevó a $7,200; Enrique Peña Nieto cerró en $7,400. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador partió de ese mismo nivel y lo llevó a $8,200.
Si nos enfocamos en los incrementos relativos, el balance es el siguiente: Vicente Fox logró un aumento del 30 %; Felipe Calderón, del 10.79 %; Peña Nieto, del 2.77 %; y AMLO, del 10.81 %. Dicho de otro modo, Vicente Fox ha sido, hasta ahora, el presidente que más ha favorecido el bolsillo del trabajador promedio, a pesar de que el aumento al salario mínimo durante su mandato fue de apenas 28.4 %.
¿Cómo fue esto posible, considerando que la política de salarios mínimos fue diametralmente opuesta? Responder a esta incógnita requiere un análisis más profundo, aunque existen factores que permiten avanzar hacia una explicación razonable.
Uno de ellos es el crecimiento económico. Durante el sexenio de Fox, el país creció en promedio un 2.2 %, mientras que con AMLO el crecimiento ha sido de solo 0.8 %. Una economía que crece tiende a generar más y mejores empleos, lo que se traduce en incrementos salariales en todos los niveles. Es decir, el salario mínimo actúa como piso, pero no necesariamente arrastra al resto de los salarios.
Otro factor es la productividad laboral. Aunque en el sexenio de Fox se mantuvo estancada, durante el sexenio de AMLO registró un retroceso del 4 %, una de las peores caídas en décadas. Este indicador es crucial, ya que técnicamente es la productividad la que impulsa el crecimiento del ingreso real en el largo plazo.
También debe considerarse el empleo formal. Vicente Fox logró un aumento del 20 % en el número de trabajadores formales registrados ante el IMSS, mientras que con AMLO el incremento fue de solo 6 %. Una mayor formalización reduce la precariedad laboral y mejora el acceso a derechos.
En conclusión, los indicadores superficiales no siempre reflejan el fondo del asunto. El salario mínimo, por sí solo, no es un indicador de bienestar general, en parte porque representa a una fracción menor del mercado laboral, pero sobre todo porque no capta la dinámica completa del mundo del trabajo. Es posible decretar políticas con apariencia progresiva, pero los efectos reales dependen de la interacción entre crecimiento, productividad y estructura laboral. La economía, en última instancia, no se rige por decretos jurídicos, sino por fundamentos materiales.